En teoría, cada vez que el Gobierno reforma las pensiones debe tener como objetivo garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, que en la actualidad se ve sostenida por las aportaciones del Ministerio de Hacienda para cubrir el déficit que cada ejercicio es más grande. Según el departamento de estudios del BBVA el déficit contributivo, a finales de 2021, se situaba en unos 27.000 millones de euros (un 2,2% del PIB y unos 1.350 euros por cotizante).

El incremento aprobado por el Gobierno para el ejercicio 2023 (un 8’5% para la totalidad de las pensiones y un 15% para las no contributivas) ha generado una avalancha de nuevos pensionistas a finales del 2022 (un 24% más que el mismo período de 2021). De esta forma, se ha dejado sin efecto los objetivos de la reforma anterior que penalizaba las jubilaciones anticipadas. Si algún candidato a jubilado no ha adelantado su retiro ha sido porque su nómina es sensiblemente más elevada que lo que percibiría si se retirase (como sería el caso de los altos cargos empleados públicos).

En cuanto a las jubilaciones más bajas, la cuantía anticipada no puede ser inferior a la mínima, por lo cual los candidatos a pensionistas de este tramo han optado mayoritariamente por la jubilación a final del pasado año para beneficiarse del gran incremento previsto para este año 2023, que como decía anteriormente, ha anulado la penalización existente por jubilarse de forma anticipada.

Según el profesor García Montalvo (Premio Jaume I Economía), España queda caracterizada como una nación orientada a la población jubilada, donde más del 20% de los habitantes con los mayores niveles de renta son jubilados, puesto que la media de sus ingresos supera el 140% de la renta media disponible.

Del análisis de la información disponible se puede concluir que el Gobierno intenta reequilibrar el sistema de pensiones con dos medidas: la primera es el incremento del periodo de cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social, que pasará de 25 a los últimos 30 años cotizados; la segunda, destopa las cotizaciones máximas, con el objetivo de elevar la recaudación. Esta última llevaría aparejada la obligatoriedad de ajustar las cotizaciones de trabajadores autónomos (empresarios individuales o administradores de pequeñas empresas) a lo realmente declarado en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año anterior, lo que en la práctica provocará un incremento de los costes en algunos casos, que supondrá una desventaja con el resto de las empresas de la competencia.

En cualquier caso, el destope de las cotizaciones incrementará los costes para todas las empresas, lo que supondrá una disminución de beneficios y, por tanto, una menor recaudación fiscal. Este nuevo escenario reducirá los ingresos del Ministerio de Hacienda que es, a la postre, la institución que financia el déficit de la Seguridad Social que el pasado año ha superado, por primera vez, los 100.000 millones de euros.

Estas medidas, como casi siempre, no van a beneficiar al futuro pensionista. Por ejemplo, la prolongación del periodo de cotización hasta 30 años va a obligar a los futuros pensionistas a subir su cotización los últimos años de su vida laboral, pero la repercusión en su jubilación no va a compensar el esfuerzo económico realizado en la aportación al sistema. Solo los altos funcionarios y directivos, que siempre ha cotizado por bases máximas, quedan al margen de esta situación negativa.

El incremento del periodo de cómputo de bases de cotización también afecta de forma negativa a los trabajadores que tengan una vida laboral precaria, como ha ocurrido tradicionalmente en la provincia de Alicante en los sectores hostelero, juguetero o de calzado, etc., en los que se ha abusado de los contratos temporales con periodos de alternancia con el cobro de la prestación por desempleo.

Creo que, a pesar de la necesidad como decía al principio, de la reforma de las pensiones para buscar la sostenibilidad del sistema, los cambios recientes pueden estar profundizando la desigualdad también de los pensionistas en un futuro no muy lejano (si se incrementa de forma homogénea la totalidad de las pensiones), lo que podría generar más tensiones sociales y ser el germen de un deterioro de la convivencia todavía mayor al que padecemos.

Pedro Algarra García / Socio Fundador de GALSAN Consultores