El artículo 1 de la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dice: “es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares”.

Se trata de la mejor herramienta que tiene un Estado para corregir las desigualdades sociales y económicas de su población, dado el carácter de progresividad que tiene el impuesto, que grava más a los que mas renta generan, permitiendo compensar a las clases más desfavorecidas y sufragar, al mismo tiempo, las necesidades del propio Estado para atender los servicios que presta a toda la ciudadanía.

A la vez, mediante los correspondientes ajustes (llamados deducciones), le permite implementar las políticas que quiera llevar a cabo, como estimulación de viviendas, natalidad, sanidad, sin necesidad de recurrir, con tanta frecuencia, a las subvenciones directas y sin control, con finalidad típicamente electoralista, en las que los responsables de la Hacienda Pública quieren dejar su firma, por pequeña que sea, como si se tratase de la Avenida de las Estrellas de Hollywood.

En España presume el Gobierno de un incremento récord en recaudación tributaria hasta los 254.000 millones de euros en 2022, un 13,9% más que el ejercicio anterior, con el dato más alto de la historia en el IRPF, que alcanzó los 122.835 millones de euros en 2022, un 15,6% superior al año previo, (que también fue récord en su momento). Estos datos demuestran una falta de sensibilidad hacia los contribuyentes en general y, sobre todo, a los de menor renta en particular, dado el encarecimiento de la vida, en más de un 8% anual, desde la salida de la pandemia. El impacto de la inflación no se ha trasladado a las tarifas del impuesto, mediante la deflactación de las mismas y, tras las subidas salariales (públicas y privadas), junto a la multitud de ayudas directas a los ciudadanos que también tributan, han supuesto, en los ejercicios fiscales 2021  y 2022, una recaudación récord, que no se ha destinado a lo que se debería, que es la contención del gasto público y a la amortización de la deuda, como herramientas reductoras del IPC por la reducción de los intereses financieros de la propia deuda en futuros ejercicios.

Los que somos ya mayores tenemos claro que, dentro de poco tiempo, estaremos hablando de lo que no se ha hecho bien en estos últimos años de recaudación récord, al no haber destinado adecuadamente los excesos de ingresos actuales.

En particular en España, dada la cesión del Impuesto de la Renta a las comunidades autónomas, se está generando una desigualdad creciente entre los españoles, según la región en la que tengan su residencia, que debe ser corregida de forma inmediata.

Un reciente estudio de la Fundación La Caixa afirma que el incumplimiento fiscal en el IRPF es más alto, cuanto más ascendemos en la escala de rentas (el 0,1% oculta entorno al 23%) y también en el autoempleo.

La opinión mayoritaria de la ciudadanía considera que el fraude no es justificable y culpa a la Agencia Tributaria por su ineficacia en la persecución del incumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que genera desconfianza en el sistema fiscal.

El sistema tributario español tiene la consideración de moderno y aplica unas elevadas tasas impositivas con el fin de mantener los niveles de bienestar que la sociedad europea occidental exige, mediante costosas políticas de prestaciones públicas, pero sin el debido control del gasto, ni la adecuada rendición de cuentas que sería obligatoria en cualquier actividad de gestión económica.

Las actuaciones de la AEAT deberían ir encaminadas en dos líneas de actuación: por un lado evitar el fraude fiscal mediante medidas preventivas y disuasorias, como la aplicación de retenciones a todo tipo de rentas, con especial interés en las nuevas actividades de ocio, alquiler de viviendas, que se gestionan de forma telemática y además, aprovechar la declaración de terceros declarantes de forma sistemática; por otro, practicar con el ejemplo, es decir, llevar hasta el extremo el control del gasto público, con la creación de un cuerpo de intervención del Estado Independiente, que no se vea afectado por el color del gobierno de turno.

Estas dos acciones, puestas en marcha de forma paralela, generarían una mayor conciencia tributaria del potencial defraudador, que vería reconocido así, su enorme esfuerzo fiscal con unos servicios eficientes y generales para todos los ciudadanos.

De esta forma se disminuiría la desigualdad social y económica que empieza a percibir gran parte de la ciudadanía, en detrimento de la que debería ser confianza en la justicia del sistema fiscal.

Pedro Algarra / Socio Fundador de GALSAN Consultores