Recientemente, se habría producido un giro inesperado en la política fiscal que significaría un alivio para miles de autónomos y microempresas en España. El Gobierno habría abierto la posibilidad de un nuevo régimen de IVA para estos colectivos. El nuevo régimen propondría una exención del impuesto para aquellos autónomos y pequeños empresarios con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros. Ante una noticia de esta trascendencia, es natural que surjan preguntas: ¿Será realmente tan sencillo como suena? ¿Cuáles serían las condiciones y las «letras pequeñas» a considerar?

Desde GALSAN Consultores analizamos la propuesta de exención del IVA para pequeños negocios con ingresos inferiores a 85.000 euros y lo que significaría para el tejido empresarial español.

Para empezar, el régimen de franquicia no sería un acto de generosidad repentino por parte de la Administración tributaria, sino una respuesta a una directiva de la Unión Europea que lleva tiempo en la mesa: la Directiva (UE) 2020/285. Cuando la fecha límite del 1 de enero de 2025 se acerca, España se ve en la obligación de tener que transponer esta directiva a su legislación nacional, ajustándose a un estándar que muchos países europeos ya han implementado.

El régimen de franquicia del IVA prometería liberar a las pequeñas empresas de la carga de aplicar dicho impuesto a sus transacciones, así como de la obligación de presentar las declaraciones correspondientes. Sin embargo, esta exención traería consigo una limitación importante: la imposibilidad de deducir el IVA soportado en las compras, lo que podría ser un punto de fricción para aquellos que, a pesar de tener ingresos moderados, sufrieran altos costos de IVA por la naturaleza de sus gastos.

¿Qué han hecho otros países?

Mirando más allá de nuestras fronteras, vemos un panorama variado. Países como Francia y Alemania han establecido umbrales de exención notablemente más altos que los de sus vecinos, mientras que España y los Países Bajos aún no han implementado una franquicia de IVA para sus pequeños negocios. Esta disparidad pone de relieve la flexibilidad que la UE ofrece a sus miembros para definir sus propios límites, aunque siempre dentro de un marco común.

¿Qué umbral adoptaría finalmente España?

Aunque el límite propuesto por la UE sería de 85.000 euros, la práctica común entre los Estados miembros sugeriría que el umbral español podría ser más bajo. Esto, junto con la posibilidad de que se aplicaran condiciones específicas para diferentes sectores o tipos de empresas, significaría que aún quedarían muchas cuestiones por resolver antes de que la propuesta cristalizara en una Ley concreta.

El camino hacia la simplificación fiscal para las pequeñas empresas en España parece que comienza a despejarse, aunque aún está por definir su verdadero alcance. Es un momento crucial para mantenerse informado y preparado para los cambios que se avecinan, que podrían representar un antes y un después para muchos negocios que forman el corazón económico de nuestro país.

Alejandro Pastor Lozano.

Director de área Fiscal y Contable – Galsan Consultores.